Portugal prohíbe la publicidad de alimentos poco saludables cerca de las escuelas

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Portugal ha aprobado recientemente una la ley que prohíbe la publicidad de productos con elevadas cantidades de sal, azúcar, y grasas saturadas en espacios frecuentados por menores.

Portugal prohíbe la publicidad de alimentos poco saludables cerca de las escuelas

Portugal ha aprobado recientemente una la ley que prohíbe la publicidad de productos con elevadas cantidades de sal, azúcar, y grasas saturadas en espacios frecuentados por menores.

La normativa aprobada, que pretende promover hábitos de consumo saludables en un país donde más del 30% de los niños tienen sobrepeso, contempla multas elevadas para quienes insistan en cubrir las zonas juveniles con anuncios de galletas, chucherías, refrescos, patatas fritas y bollería industrial.

De ahora en adelante queda vetada la publicidad de esos productos en un radio circundante de 100 metros de los colegios y parques del país vecino, como también en los eventos culturales y deportivos que cuenten con un público mayoritariamente compuesta por niños y jóvenes.

Prohibición de productos poco saludables en televisión y radio

La misma legislación prohíbe la promoción de estos productos en la televisión y radio durante el horario infantil, y en la media hora anterior y después de la emisión de cualquier tipo de programación que tenga una audiencia a los menores de edad como audiencia objetiva. Las salas de cine lusas tampoco podrán incluir anuncios de estos productos en la publicidad previa a la proyección de películas para menores de 16 años, y queda igualmente prohibido promover estos bienes en publicaciones dirigidas a lectores juveniles.

El alcance de la ley llega también a la web, donde se veta este tipo de publicidad en las páginas, aplicaciones y redes sociales ideadas para jóvenes, pero expertos técnicos no tienen claro cómo se perseguirán las infracciones de la normativa en este ámbito.

Individuos que incumplan la ley se enfrentan a multas de entre 1750 y 3.750 euros, mientras que las empresas que promuevan los productos en los ámbitos vetados se enfrentan a sanciones de entre 3.500 y 45.000 euros por infracción.

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